Este último jueves, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le dio tratamiento a la Ley de Víctimas y la aprobó con modificaciones. Por ello, la propuesta que tuvo a la Cuarta como factor clave en el Senado bonaerense, volvió a tratarse este martes en el recinto que preside Verónica Magario.

Vale recordar que, el chivilcoyano Leandro Blanco fue uno de los principales impulsores de la medida junto con el platense Juan Pablo Allan. Incluso, al momento de su aprobación en el Senado, el dirigente de la Unión Cívica Radical lo celebro.

En definitiva, la propuesta fue sancionada de manera positiva en la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores y se convirtió en ley. Por ello, el chivilcoyano Blanco utilizó las redes sociales para celebrar los consensos alcanzados en materia de ampliación de derechos.

"Luego de un arduo trabajo la Provincia de Buenos Aires cuenta con una ley de víctimas que garantiza que todas sus voces sean oídas y tenidas en cuenta a lo largo de todo el proceso penal", sostuvo Blanco.

Y agregó: "A partir de esta ley la víctima contará con asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales. Quiero agradecer, una vez más, a las asociaciones, víctimas y familiares por ayudarnos en cada etapa de este proyecto, por brindarnos sus valiosos testimonios los cuales escuchamos con mucho respeto y atención, donde evaluamos y trabajamos en cada sugerencia para sacar esta Ley".

El proyecto garantiza que las víctimas y el particular damnificado deben ser escuchados como así también puedan manifestarse ante el juez previamente al dictado de cualquier morigeración de pena.

También que se permita la intervención de la víctima, si considera oportuno, oponerse ante cualquier medida liberatoria. En otro orden, que se respete el derecho a la intimidad de la damnificada para evitar la revictimización.

Además, se incorpora la creación del Registro provincial de abogados de la víctima en el ámbito del Colegio de Abogados bonaerense, que establece una serie de requisitos a los letrados para integrarlo, como por ejemplo, la aprobación de un curso especializado en materia de género, derechos humanos y garantías de las víctimas.

En otro de los puntos acordados los senadores incluyeron que al particular damnificado se le deberán notificar las resoluciones que pueda impugnar y aquellas vistas o traslados que se dispongan expresamente.

Puntualmente, el proyecto modifica los artículos de la ley 11922 Código Penal Procesal Penal, ley 12256 Ejecución Penal y ley 14422.