La gobernadora Vidal anunció que enviará un proyecto para reformar el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, con el supuesto fin de “ampliar los derechos” de las víctimas durante los procesamientos penales, ¿pero es realmente este el objetivo? Entendemos que con esta medida no se estaría dando un paso adelante, sino varios hacia atrás.

La iniciativa de la gobernadora busca establecer que las víctimas puedan participar y expresar su opinión al principio del juicio y al final, como contraparte de las últimas palabras del acusado. Además, las víctimas podrían intervenir y expresarse contra beneficios concedidos al imputado, como dictámenes de sobreseimiento o salidas transitorias.

Mucho se ha hablado, sobre todo ante la presión social y mediática en ciertos casos, de nuestro sistema de garantías consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en distintos pactos internacionales ratificados por nuestro país, que aseguran entre otras cosas, un debido proceso y un juicio justo. Nada nos garantiza que tengamos una justicia de mayor calidad. Por el contrario, con parches realizados a las apuradas, se podría generar la victimización de una de las partes, alejándose del sistema de garantías y cambiando el paradigma del sistema acusatorio.

Más allá de la falta de originalidad, ya que el Código ha sido reformado en más de veinte oportunidades, y de “incorporar” figuras similares a las ya existentes, estos cambios parecen ser una respuesta rápida y equivocada a una cuestión que tiene graves problemas de fondo: el funcionamiento del Poder Judicial, la responsabilidad de las cúpulas policiales o el estado de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Nos queda mucho camino por recorrer y por mejorar en el ámbito de los procesos judiciales. Sin embargo, no será con atajos efectistas, con estigmatizaciones ni con reformas que nos hacen dar peligrosamente varios pasos atrás, que lograremos tener la Justicia que nos merecemos.