Dos ex intendentes de la Cuarta al borde de ir a juicio

  • Sección La cuarta
  • 13 de sep de 2019 - 17:22

Lo solicitó el fiscal Rívolo en la causa que lleva adelante Claudio Bonadio y es denominada como "GIRSU".

El fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio oral de la causa que complica a un puñado de ex y actuales intendentes por el manejo que realizaron de fondos para residuos urbanos durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner. Se trata de la causa denominada GIRSU y que es llevada adelante por el juez Claudio Bonadio.

En la larga lista de dirigentes involucrados figuran dos ex intendentes de la Cuarta Sección electoral. Más precisamente Francisco Aurelio Iribarren, de Florentino Ameghino, y Marta Susana Medici, de Alberti.

A su vez, la decisión involucra a los actuales: Francisco Durañona y Vedia (San Antonio de Areco) Ricardo Miguel Casi (Colón) Héctor Aníbal Olivera (Tordillo), Gustavo Alfredo Walker (Pila) y Oscar Darío Ostoich (Capitán Sarmiento). Además, de los ex: Diana Edith Argüello (Lobería) Jorge Alejandro Eijo (General Belgrano), Ricardo Néstor Curetti (Patagones) Carlos Marcelo Racciatti (Lezama), y Francisco Virgilio Gutiérrez (Quilmes).

En definitiva, la medida alcanza a 47 alcaldes a nivel nacional y a tres ex jefes de gabinete de Cristina Kirchner: Fernando Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Para la Fiscalía, hubo irregularidades en cómo los municipios administraron los fondos, y fundamentalmente, en la forma en que se distribuyeron. Y también involucra a Juan José Mussi, en su rol de ex secretario de Ambiente.

En concreto se trata de los funcionarios procesados por el juez Claudio Bonadio en primera instancia y cuya decisión fue confirmada por la Cámara Federal meses atrás.

Rívolo inició la investigación a fines de 2016, a partir de una auditoría de la Secretaría de Ambiente en colaboración con la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la Jefatura de Gabinete, en el marco de un proceso de revisión de documentos de la gestión anterior..

En su dictamen, Rívolo dio cuenta de las irregularidades. "Las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios que gestionaron los fondos asignados a aquel proyecto (un total aproximado de $590.136.927), han incidido directamente en que, habiendo transcurrido más de una década desde la implementación del Programa, el país se encuentre sumamente atrasado en materia de tratamiento de los residuos que generan sus habitantes y que, a grandes rasgos, no se hayan cumplido los principales objetivos fijados en el Proyecto (reducción y valorización de RSU, implementación de la GIRSU, clausura de basurales a cielo abierto, recopilación, procesamiento y difusión de información y comunicación y participación); privando a la ciudadanía de gozar de una mejor calidad de vida en materia ambiental".

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