Desde la Cuarta cruzaron a la Justicia por irregularidades en la investigación por el atentado a CFK: "Es evidente que hay un encubrimiento"

La diputada de Chivilcoy, Constanza Alonso, lanzó duras críticas contra la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes investigan el ataque a la expresidenta.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Constanza Alonso, lanzó duras críticas contra la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes llevan adelante la investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. "La jueza, bajo su custodia, perdió la información del celular de Sabag Montiel, quien disparó el arma, y no quiere investigar quién mandó a matar a Cristina", afirmó Alonso.

La diputada subrayó que la jueza debe esclarecer quién ordenó el intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta. La diputada detalló los puntos clave que la jueza Capuchetti ha ignorado deliberadamente en su investigación, lo que “apunta a un claro encubrimiento”.

"Hay líneas de investigación que apuntan claramente a conocer a los autores intelectuales del atentado a Cristina, pero no lo investigaron nunca", denunció la dirigente de Chivilcoy, quien enumeró los siguientes puntos: “El celular de Sabag Montiel fue borrado mientras estaba bajo la custodia de la jueza Capuchetti, eliminando una prueba crucial en la investigación, pero parece que eso no importó, nadie se hace cargo. Además, Revolución Federal, el grupo violento que promovía la violencia contra Cristina y recibió financiamiento de la empresa Caputo Hermanos, no fue debidamente investigado. Hasta un chico se da cuenta de que la compra de muebles de Caputo a la carpintería de Montiel es más trucha que perro verde”.

La diputada también cargó contra lo que sucedió con Gerardo Milman: “La pista de Milman, diputado y mano derecha de Bullrich, fue escuchado dos días antes del atentado diciendo 'Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa.' Sin embargo, la jueza tardó en citar y en solicitar sus teléfonos, que luego aparecieron borrados. Una secretaria declaró que los borraron en las oficinas de Bullrich por un técnico informático que hoy es funcionario de Milei”.

“Es evidente que hay un encubrimiento judicial. La investigación fue fragmentada por la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo, lo que evitó una exploración profunda de las conexiones políticas y el financiamiento detrás del atentado”, remató Alonso.

En esa línea, sostuvo que “hay un pacto de impunidad entre la justicia federal, los medios de comunicación y gran parte de la dirigencia política. El Estado de derecho lo rompen los mismos jueces y fiscales, los medios invisibilizan y la política mira para otro lado mientras se destruye la república”.

"La violencia política contra Cristina comenzó con la demonización mediática desde su primer mandato y especialmente a partir del conflicto con las patronales agrarias en 2008. Esta persecución y la inacción de la justicia en la investigación del atentado son dos caras de la misma moneda", concluyó.

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