La senadora provincial Maria Teresa García, denunció a la gobernadora María Eugenia Vidal como presidenta partidaria, y así también a Jorge Macri en su carácter de vicepresidente 1°, Néstor Grindetti en su carácter de vicepresidente 2°, Federico Salvai en su carácter de Secretario General, María Fernanda Inza en su carácter de Tesorera, todos ellos del Partido “PRO- Propuesta Republicana” de la Provincia de Buenos Aires.

Con esta denuncia la legisladora pide que se investigue la posible comisión de delitos de Usurpación de Identidad,  Falsificación de Documentos, Lavado de Activos y Violación de Secretos y Privacidad tipificados en los artículos 157 bis, 292, 296, 298 y 303 del Código Penal de la Nación Argentina, artículos 15, 62, 63 y 64 de la Ley  26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y/u otros posibles actos delictivos por los hechos que se exponen en la presente. “Y, si así correspondiese, se someta a proceso a los eventuales responsables de los hechos denunciados, aplicándose finalmente la sanción penal que les pudiere corresponder”. 

En este contexto, García sostiene, que según una investigación realizada por el periodista Juan Amorín para el portal web “El Destape”, titulada “Cambiemos puso a beneficiarios de planes sociales como aportantes de campaña”.

Asimismo consideró que se presenta abundante evidencia de que muchos beneficiarios de los programas sociales “Ellas Hacen”, “Argentina Trabaja” y “Hacemos Futuro” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación figurarían como aportantes al partido “PRO – Propuesta Republicana” en la campaña legislativa del año 2017 de la Provincia de Buenos Aires, según información que consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral.

En esa investigación y de acuerdo con el informe periodístico, en la campaña del año 2017 la alianza Cambiemos tuvo 4.800 aportantes particulares que contribuyeron con un total de $43.145.000, de los cuales $22.290.000 corresponden a la campaña del actual Senador Nacional Esteban Bullrich y $20.855.000 a la de la actual Diputada Nacional Graciela Ocaña.

En el escrito presentado a la Justicia se puntualiza que “Lo llamativo de estos datos es que hay una gran cantidad de pequeños aportantes, cuyas contribuciones oscilan entre los $300 y $2000. La investigación de los periodistas consistió en la comparación del listado de los aportantes particulares con la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ese ejercicio derivó en la identificación de varios casos en que los aportantes serían beneficiarios de planes sociales y programas del ministerio mencionado”. 

De esta manera se menciona que para la primera presentación de la investigación, el 18 de junio pasado, se encontraron 205 casos. En su mayoría se trata de personas pobres que residen en el Conurbano Sur de la Provincia de Buenos Aires, muchas de ellas en la Villa Itatí del Municipio de Quilmes.

El denominador común de los tres programas es que están dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, de bajo nivel socio-económico, de escasos o inexistentes ingresos y que viven en asentamientos de emergencias. “Por eso, atendiendo a estas circunstancias, debe resultar cuanto menos extraño que estas personas aparezcan realizando aportes de campaña para un partido político” subrayó.

También destacó que en el informe periodístico se mencionan más de 200 casos que podrían evidenciar la posible comisión de delitos. 

Del 18 de junio, cuando se difundió el primer informe de El Destape que daba cuenta de 205 de aportantes truchos, a la fecha de hoy, el portal ya refiere a 465 casos. A medida que la noticia tomó mayor espacio en los medios masivos y fundamentalmente en las redes sociales, se fueron conociendo más y más casos de personas que se encuentran en los listados de aportantes sin haber hecho ellos ninguna contribución dineraria real.
 

Este aumento de casos, por simple difusión de la aparente metodología fraudulenta en prensa y redes sociales, confirma la importancia de que se investigue en profundidad el alcance de esta operatoria con el fin de dilucidar si se violó la legislación mencionada.

Por otro lado se recordó que la Gobernadora María Eugenia Vidal es la Presidenta y máxima responsable del PRO de la Provincia de Buenos Aires; su Secretaria de Legal y Técnica, María Fernanda Inza, la Tesorera; y su Jefe de Gabinete, Federico Salvai, Secretario General del partido. Razón por la cual, resulta necesario investigar si los hechos descritos en la presente les son imputables, ya que, de comprobarse la veracidad de los mismos y la comisión de los delitos, sería imposible sostener que se llevaron a cabo sin su consentimiento.