La diputada nacional y referente radical de la Cuarta sección, Danya Tavela, presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que tiene como objetivo establecer criterios de actualización para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

En concreto, el proyecto establece que se declare la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el presupuesto 2024. Además busca atenuar el impacto que tienen el incremento de los costos de los bienes y servicios esenciales para los compromisos salariales y gastos de funcionamiento.

“Se comprende y entiende la coyuntura, se entiende el contexto de ajuste y de sinceramiento de variables macroeconómicas y de la necesidad de no recurrir al déficit, pero también es necesario garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia, investigación, salud y extensión que cumplen las universidades nacionales”, dijo.

En el proyecto, la legisladora radical y exsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación, pide que “de los recursos asignados se debe respetar la relación de 85 por ciento para gastos de salarios y de 15 por ciento para gastos generales y de funcionamiento”.

Asimismo, solicita que “las partidas dispuestas para atender gastos de funcionamiento se actualicen bimestralmente con una combinación de la variación del índice general de precios al consumidor (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%)”.

La exvicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), pidió también que “ante cualquier readecuación que se realice en el presupuesto de las universidades nacionales deberá preverse la actualización de los gastos de funcionamiento”.

“Es fundamental para nuestro país reconocer el rol que cumple la educación en el camino al desarrollo, progreso y crecimiento de nuestra Argentina y, en puntual, reconocer el rol de la educación pública universitaria. En virtud de ello, el Estado Nacional debe adoptar todas las medidas necesarias que contribuyan a garantizar el ejercicio del derecho a una educación superior de calidad”, finalizó Tavela.