La Senadora del Frente Renovador, Malena Baro, remarcó la necesidad de avanzar en un proyecto de ley de su autoría, que espera ser abordado en la comisión de niñez, adolescencia y familia de la Cámara Alta, y que tiene como objetivo la creación de la certificación “sin trabajo infantil” que avale la no utilización de mano de obra de los niños sobre la producción de bienes y servicios.

La iniciativa de la legisladora juninense contempla que las empresas radicadas en la provincia se adhieran al sistema de certificación por medio de una declaración jurada, y queden habilitadas para utilizar la denominación “sin trabajo infantil” en rótulos, etiquetas, publicidades o cualquier otro elemento que identifique o promocione su producto o servicio.

Por el contrario, indica que las empresas que no se integren al sistema, no podrán formar parte del registro de proveedores del estado, ni acceder a programas de fomento e incentivo empresariales.

“El trabajo infantil es una de las peores formas de explotación y abuso que existe en el mundo. Pone en peligro la salud, seguridad y educación de los más chicos, al mismo tiempo que atenta contra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Es por eso que con este proyecto apuntamos a seguir promoviendo  su erradicación en la provincia”, explicó Baro.

Además, la presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara Alta sostuvo que “basándonos en el artículo 3 de la ley 13.803 que creó el programa provincial para la prevención y erradicación del trabajo Infantil, en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, nuestro proyecto establece la certificación “sin trabajo infantil” para todos los productos primarios, industriales, manufacturados o de servicios, la que se efectuará como declaración jurada y significará para quienes la adopten una serie de beneficios de tipo impositivo, publicitario y otros que se reglamenten”.

A su vez, Baro remarcó que “las empresas que no adhieran al sistema, no podrán formar parte del registro de proveedores del estado, ni acceder a programas de fomento e incentivo empresariales establecidos en la presente ley”.

Y cerró: “es el estado el garante de los derechos, por lo tanto debe ser el primero en desalentar este tipo de actividades nocivas, antidemocráticas e injustas”.