Nada cambió mucho. A grandes rasgos -salvo excepcionalidades- se volvió a ver la misma dinámica que se repite desde la llegada de la nueva gestión: la mayoría de los bloques contra uno. En efecto, tanto los ediles de la UCR como el PRO, el Grupo San Martín y el FPV cruzaron -en la mayoría de los aspectos- entredichos con el alegrismo.

Así y todo, hubo dos proyectos: el primero la creación de la Mesa Interdisciplinaria de Violencia de Género presentado por el Grupo San Martín y defendido por la concejal Susana Brime, que será el primero de los niveles de atención que recibe una víctima de violencia de género y que tendrá un enfoque social dividido por áreas que conforme cada caso deba intervenir en el tema (Niñez y Familia, Desarrollo Social, Viviendas, Foro de seguridad, Comisaria de la Mujer, entre otras).

El segundo, fue presentado por el bloque del Frente Para la Victoria y lo defendió Marcelo Tau. En el mismo, se crea el régimen regulatorio de la actividad desarrollada por los Hogares Geriátrico y Pensionados para la Tercera Edad o Albergues. La iniciativa establece una serie de requisitos que las prestaciones de estos servicios (tanto públicas como privadas) deberan cumplir para que puedan ser habilitadas. Entre los requisitos hay puntos de toda índole: Normas edilicias y de equipamiento, recurso humano y materiales, planta física, normas de seguridad y plazos de adecuación.

Fueron cuatro. El primero de todos se generó tras la presentación de un proyecto por parte del bloque del Frente Renovador que buscó apoyo para la movida que por estas horas sostienen legisladoras y representantes del massismo en torno a la presencia del cupo femenino en la corte.

La concejal del alegrismo, Laura Carelli argumentó acerca de la importancia de la visión femenina en el Poder Judicial pero obtuvo rechazo. Ninguno de los bloques restantes estaba dispuesto a hacerle el "caldo gordo" al tigrense. En efecto la votción terminó con 8 votaciones en contra (oficialismo + Grupo San Martín), 2 abstenciones (FPV) y 6 afirmativos (FR).

La segunda controversia se originó en un proyecto que buscó destacar el desarrollo de los últimos carnavales pero que trajo esquirla sobre una vieja sospecha: la caja política del alegrismo.

Sobre esa arista hicieron foco los distintos bloques al dejar expuesto como tras la cesión de la organización a la Comisión de Carnavales Villeguenses se gastó menos plata y se elevó la calidad del espectáculo. Al respecto, los ediles del massismo sostuvieron que contra toda suspicacia, su gestión nunca tuvo un solo problema con el Tribunal de Cuentas.

La concejal de la UCR, Cristina Rodriguez, sostuvo que por primera vez este año hubo una rendición de cuentas claras y transparentes, que era lo que venían pidiendo desde hace años. "No sabemos cuáles son los fondos del 2015, pero si le puedo decir que en el año 2014 el gobierno municipal aportó a esa comisión de fiestas públicas aportó $3.500.000 y nunca pudimos saber en qué se gastó ese dinero y en qué se gastó lo que recaudó la Comisión de Fiestas Públicas. Nunca vimos esa rendición a pesar de que lo pedimos", sostuvo la edil.

Otro de los que cayó sobre el massismo fue el concejal dominguista, Ernesto Segretin, quien consideró fundamental que "se le sacara la pata de encima a los protagonistas del carnaval" ya que eso "permitió que aflore la creatividad y el voluntariado social". Por último, el ex candidato a intendente afirmó que "es mejor no invadir porque se obtienen mejores resultados. De seguir así puede llegar a ser un recurso turístico importante".

Otro de los que se sumó a las consideraciones sobre estos temas fue el presidente del bloque del FPV, Pedro Satragno, quien redujo todo a una conclusión: "Si la nueva comisión pudo obtener $300.000 de excedente y en la otra gestión había que poner plata hay algo que no cierra".

El tercer entredicho tuvo como eje temático la situación que vive la planta de lácteos Remotti. Al respecto, fue Satragno quien comenzó proponiendo una alternativa de solución: "el Estado debe sentarse con los dueños de la empresa y buscar una solución que impide perder los puestos de trabajo. Reestableciendo las tarifas eléctricas a diciembre de 2015, la fabrica que hasta este momento sin el aumento está pagan $ 195.000 por mes, pasaría a pagar $ 450.000, con esos $250.000 de diferencia, Remotti pagaría 10 sueldos y por ahí se puede encontrar la solución".

Quien no coincidió con el enfoque de Satragno fue el presidente del bloque de la UCR, Diego Tellechea, quien manifestó que "lo que vive Remotti no es parte de una situación actual sino de algo que viene durante muchos años. No ha habido políticas económicas y agropecuarias adecuadas sino que fueron parches sobre parches".

Tras su reflexión, Laura Carelli volvió a hacer uso de la palabra para comparar lo que considera dos reacciones distintas frente a problemas similares. La edil massista recordó una situación anteriormente vivida por una aceitera en la ciudad y manifestó que en aquel entonces el gobierno que encabezaba el ex intendente Horacio Pascual estuvo a la altura de las circunstancias. "Tuvimos la grandeza de dar respuestas de acompañamiento, asesoramiento y capacitación", sostuvo Carelli. 

Además, la concejal del FR leyó una nota del diario local donde expuso los dichos del gerente de la planta donde aseguraba que sólo una representante del Ministerio de Producción de la Nación que cumple funciones en la zona había hablado con ellos. Carelli argumento que la ausencia de autoridades municipales le dolió mucho "como villeguense".