Cuestión Política

CARLOS CASARES | La oposición perdió la votación para crear una Oficina Municipal Anticorrupción


30 de noviembre de 2018

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Cuestión Política

El cuerpo rechazó el organismo para evitar aumento de personal. La presidente del cuerpo, Ana Laffont, destacó que se habilitó la firma de un convenio del municipio con los organismos anticorrupción de la Nación y la Provincia.

El Concejo Deliberante de Casares aprobó este jueves la implementación del Presupuesto Participativo a partir del 2019 y también bloqueó la creación de una Oficina Anticorrupción, promovida por la oposición..

En la previa, la creación de la Oficina Anticorrupción había generado mucho debate. Sin embargo, la oposición no pudo convencer a los concejales Gemelli y Zabala, cuyos votos eran necesarios. La iniciativa fue rechazada por 8 votos contra 6.

Ana Laffont, presidenta del Concejo Deliberante, remarcó a Cuestión Política, que existen “distintos motivos” para rechazar la iniciativa. Uno de ellos es la decisión de “no incrementar la planta política” en la situación actual.

“Los mecanismos de control son acordes y acertados para una ciudad como la nuestra y una figura más no asegura nada. En lo personal estoy convencida que no es necesario porque creo en la buena fe de la gente y de no hacerlo tengo mecanismos judiciales para asistir”, remarcó a Laffont a este medio.

De todas maneras, se aprobó la adhesión a que el intendente firme el convenio de colaboración con la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) y la Oficina Anticorrupción a nivel nacional.

Por otro lado, el peronismo habilitó, al mismo tiempo, el debate de proyectos de la oposición que fueron aprobados como Presupuesto Participativo, destina a la oficina de Participación Ciudadana. Se destinará a esta función entre 1 y 2 pesos por cada 1000 del Presupuesto. O sea entre $615.000 y $1.200.000.

En suma, en un jornada extensa, se aprobaron más de 30 proyectos de ordenanzas relacionadas a varios temas, algunas del municipio y otras de otros bloques. Entre ellos, la regulación de los conflictos de intereses a través de un régimen especial para los funcionarios, propuesta por Cambiemos.

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