Tras una jornada cargada de tensión y rosca, el Gobierno alcanzó un acuerdo para destrabar la resistencia de varios senadores de la oposición dialoguista y obtener los dictámenes de comisión que habilitarán a los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal. Con ese paso adentro, este jueves, se espera que el oficialismo convoque a sesión.

El despacho se logró después que el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se apersonara a la Cámara alta para negociar mano a mano con los senadores que permanecían indefinidos: José María Carambia (Por Santa Cruz), Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) y el peronista disidente Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos).

Cumpliendo con su misión, Francos logró que los tres senadores terminen estampando sus rúbricas en disidencia parcial, provocando que el proyecto de Ley Bases alcance la mayoría necesaria para obtener dictamen.

Respecto al capítulo fiscal complementario, faltaba sólo una rúbrica, pero voceros oficiales aseguraban que estaría concretándose en las próximas horas. La decisión de que estén los dos dictámenes juntos fue lo que llevó a postergar su presentación oficial.

Cambios y concesiones

El Gobierno aceptó que, en el paquete fiscal, se introduzca un artículo para modificar la ley de minería que establecerá que las provincias "que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído". 

Además, acordaron aumentar un 22% el piso para el pago del impuesto a las ganancias en provincias patagónicas. Las modificaciones fueron clave para derribar la resistencia del santacruceño (Carambia).

Para convencer  Kueider trascendió que se alcanzó un acuerdo para que la represa de Salto Grande pase a ser administrada por Entre Ríos. 

Actualmente, la administración es binacional y depende de Casa Rosada. Es una incógnita cómo se materializaría tal cosa y si, además, Kueider pudo avanzar en otras de sus luchas: la eliminación de la carga impositiva en las tarifas de electricidad.

En el caso de Tagliaferri, la senadora de Pro había reclamado cambios en el blanqueo, como la eliminación de los testaferros, que fueron cumplimentados a medias, por lo que terminó firmando en disidencia parcial. 

Sin embargo, en su decisión priorizó había logrado su objetivo de mejorar la ley. Es que, entre negociación y negociación, el Gobierno aceptó cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Aceptó que se atendiera a la cadena de valor productiva local de los proyectos que se acogen al beneficio y la eliminación de la cláusula que consideraba nula de nulidad absoluta las legislaciones provinciales que se opusieran al programa que impulsa el Poder Ejecutivo.