Monzó y García de Luca salpicados por los teléfonos encriptados y el escándalo de la "Gestapo antisindical"

  • Sección La cuarta
  • 04 de ene de 2022 - 14:36

El dirigente de Carlos Tejedor, y su mano derecha, figuran en la lista de móviles entregados por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri.

En las últimas horas, salió a la luz la integración de la Cuarta en el escándalo de la mesa judicial bonaerense del gobierno de María Eugenia Vidal. Es que, luego de que el Jefe de Estado, Alberto Fernández, recordará la denuncia de la existencia de telefónos encriptados y distribuidos por la Agencia Federal de Inteligencia durante la administración de Mauricio Macri, dos figuras de la región aparecieron en la nómina de beneficiados por la AFI macrista.

Se trata de nada más y nada menos que Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Cambiemos; y su alfil Seabstián García de Luca, número dos del ministerio del Interior de la Nación.

La lista con beneficiarios, entre los que figura el dirigente de Carlos Tejedor y su par de Chivilcoy, fue difundida en las redes sociales por el abogado Alejandro Rúa.

En la previa, Alberto Fernández se había hecho eco de la situación. El mandatario nacional compartió hoy un hilo de Twitter en referencia a la reunión que mantuvo en 2017 el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, con otros funcionarios, empresarios y representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de lo que habría sido una mesa judicial contra sindicalistas.

“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, escribió hoy el Presidente en las redes sociales.

En este marco, el Presidente recordó que “al inicio de la gestión denunciamos la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”.

“Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”, especificó.

Y se preguntó: “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en ‘operador judicial’?”.

“Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”, subrayó.

Fernández sostuvo que “ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos”.

“He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”, cerró su mensaje.

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