La Provincia convocó a una audiencia pública para tratar modificaciones al cuadro tarifario de Aguas Bonaerenses SA (ABSA). Será el 8 de enero a las 10 horas en el Salón Auditorio del Pasaje Dardo Rocha de La Plata, ubicado en calle 50 entre calle 6 y 7.

La audiencia fue convocada por la Autoridad del Agua, que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Roberto Gigante; y se invitó a participar al defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, así como también a los usuarios del servicio.

El último aumento de ABSA fue del 40 por ciento y rige desde abril de este año. Desde entonces, se puso en el ojo de la tormenta a la dirección encabezada por Raffaele Sardella, un alfil ligado a las empresas privadas del Grupo Macri y de extrema confianza para Franco y Mauricio que, en diciembre del 2015, tomó la conducción del ente que debe velar por una correcta prestación de los servicios de agua potable y cloacas a 79 localidades de la Provincia.

La gestión de Sardella no sólo incrementó la factura que les llega a los bonaerenses por un servicio que no se presta de manera correcta, sino que también hizo subir la bronca de intendentes y usuarios. Jefes comunales de todos los signos políticos volvieron a agitar el pedido de municipalizar el servicio.

El quid de la motivación para sacarle la prestación a la Provincia apunta a tener el control de una prestación por la que los alcaldes viven recibiendo quejas pero no pueden resolver ninguna.

Uno de los primeros en retomar la idea de absorber ABSA en la era Cambiemos fue el mandamás de Carlos Casares, Walter Torchio (FpV), quien en febrero del 2016 batió el parche: “Debido a que el servicio no funciona correctamente y recibimos innumerables quejas de nuestros vecinos, le voy a proponer a la gobernadora María Eugenia Vidal que se hagan las inversiones correspondientes y, luego, que sea el municipio quien gestione y brinde el servicio”.

La empresa que conduce Sardella perdió 9 municipios desde 2016 a esta parte, y en las gateras se alistan -al menos- seis ciudades más. La falta de inversión y mantenimiento, sumada a la pésima calidad del agua, chocan de frente con el nivel de recaudación que obtiene en los distritos. Frente a una gestión que hace agua, los intendentes quieren dejar de poner la cara y empezar a responder por un servicio que esté entre sus manos.