En su primer fallo, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados decidió acusar por unanimidad a los magistrados del Tribunal N° 1 de Mar del Plata, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas por negligencia, incumplimiento de sus deberes y parcialidad manifiesta al absolver a los tres acusados del femicidio de Lucía Pérez.

Vale recordar que, la comisión es presidida por el diputado Mario Giacobbe, y la vicepresidencia está en manos del senador de Juntos por el Cambio y dirigente de la Unión Cívica Radical de Chivilcoy, Leandro Blanco.

Situaciones como el fallo de Lucía son las que buscamos evitar con la reciente sanción de la #LeydeVictimas en la provincia de Buenos Aires. #NiUnaMenos

— Leandro Blanco (@leandroblancok) April 6, 2021

La denuncia fue impulsada por Victoria Donda, Lucila De Ponti, Araceli Ferreira, Gabriela Cerruti, Romina del Plá y Facundo Moyano, diputados nacionales y funcionarios del Gobierno, tras conocerse la decisión de los jueces de resolver la libre absolución de los acusados de “delito de abuso sexual, con acceso carnal, agravado por haber causado la muerte de la ofendida y habiendo sido favorecido por el suministro de estupefacientes”. 

“La niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada lejos de ajustarse a derecho evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores”, señalaron los denunciantes. 

Asimismo, resaltaron que “se expresa repetidamente que la sentencia responde a un criterio androcéntrico, incompatible con el bloque constitucional y los Derechos Humanos, ya que no contemplaron la inclusión de la perspectiva de género por delitos sexuales, que dejaron pasar por alto”.

En esa dirección estiman “las denuncias que la resolución traduce la aceptación de la violencia contra las mujeres como mecanismo de control por parte de los hombres, destacando que consigna que la muerte fue un final trágico y lamentable producto de la vida de una adolescente rebelde, lo que desconsidera lo principal que es el derecho esencial de la niña y la protección que se le debía”.

“Se ha expresado también que realizaron un juzgamiento patriarcal de la vida sexual de la niña, basado en el análisis de sus relaciones sexuales y actitudes previas, justificando de ese modo la entrega de drogas a la menor, con el fin de abusar de ella en forma brutal, sin respetar sus derechos ni la protección que las leyes le asignan, agregando ese Colegiado que ello resulta acreditado con la compulsa de las actuaciones y lo finalmente resuelto; nulificando la resolución la instancia superior con pleno arreglo a derecho y de un modo ejemplar, que se erige como doctrina jurisprudencial señalando un camino para el tratamiento de futuras cuestiones de la misma naturaleza”, expresan.

Por ello, la Bicameral acusó a los magistrados de “no reunir las condiciones que la Constitución y las leyes determinan para el ejercicio del cargo; incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; y acción u omisión que implique la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la Magistratura”.   .