El grupo de Concejales del Fpv de Chivilcoy integrado por Claudia Bogliolo, Marcos Bongianino, Evangelina Marchesini y Leandro Fevola, criticó duramente el sistema de traslados de los trabajadores y le exigieron a la gestión del Intendente Guillermo Britos que se garanticen los derechos de los trabajadores. 

Los ediles sacaron un comunicado explicando y poniendo en contexto la situación que se vive en el distrito: 

"En sesión 29 de diciembre pasado, en el HCD se trabajó sobre un proyecto de comunicación presentado sobre tablas por el interbloque opositor a fin de reiterar, esta vez en el recinto, el pedido de informes solicitado al Ejecutivo municipal, proyecto que fue aprobado por unanimidad. Se reiteró el pedido al Ejecutivo por considerar que la respuesta suministrada con fecha 27 de diciembre por el Director de Personal, era ambigua e insuficiente. Concretamente lo que se le solicitó fue que informe sobre los traslados efectuados a los empleados municipales en las distintas áreas, motivos de los mismos, las notificaciones pertinentes, el consentimiento prestado por los agentes, que dé cuenta de que esos movimientos, conforme lo manifestara el Director del área, fueron "todos consensuados”.

"los concejales estamos cumpliendo con nuestra obligación de controlar al ejecutivo cuando creemos hace un ejercicio abusivo de sus facultades y representando a los vecinos de Chivilcoy, en este caso particular, defendiendo los derechos de los empleados municipales”.

La misiva explica además que:

"Contrariamente a lo que manifestó un dirigente sindical en un medio local, los concejales no estamos hablando de despidos ni mucho menos de 200 despidos, sino que pedimos al Ejecutivo en el marco de nuestras atribuciones, cumpla con la ordenanza aprobada por unanimidad el 29 de diciembre y nos proporcione la documentación correspondiente sobre notificaciones enviadas y los consentimientos prestados por los empleados municipales de manera fehaciente, que acredite que no se está transgrediendo la ley provincial y la ordenanza municipal que prohíbe la violencia laboral”.

"En 2016 el HCD adhirió por unanimidad a la ley provincial vigente contra la violencia laboral. Esta ley prohíbe en los tres poderes provinciales y en los Municipios, ejercer las conductas definidas como violencia laboral: ‘el accionar de los funcionarios y/o empleados públicos, que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas con su función, incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador o trabajadora, manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, quita salarial, maltrato físico, psicológico y/o social. La ley enumera como maltrato psíquico y social a acciones como ‘obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana, asignar misiones innecesarias con el fin de humillar, juzgar de manera ofensiva el desempeño del empleado, cambiarlo del lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo de sus compañeros, generar aislamiento prohibiendo el contacto con otros empleados, efectuar amenazas reiteradas de despido infundado”.

Los concejales explican además que este es el marco normativo que se debe cumplir. "No permitiremos la naturalización de traslados injustificados que significan una vulneración de los derechos de los trabajadores. En la relación de desigualdad que existe entre el municipio y los empleados, no se puede justificar cambios con ‘consentimientos tácitos”.

"Si el Intendente Municipal en el ejercicio de sus atribuciones está procediendo, conforme a la referida legislación vigente, seguro no tendrá inconvenientes, por medio de la dirección correspondiente, en presentar la información completa y pertinente que le estamos solicitando y así estará a la altura de sus propios dichos vertidos el 9 de diciembre de 2015, en oportunidad de asumir el cargo que ocupa: ‘No perseguiré a nadie por haber militado en otro espacio ni tampoco a quienes me agredieron verbalmente o injuriaron, aunque los insto a que dejen de lado dicha actitud. Si eso ocurre y si las agresiones cesan, nadie va a correr riesgo de perder su trabajo’”.

"Los concejales manifestamos nuestra preocupación por la situación de los empleados municipales que han sido pasibles de traslados en sus puestos de trabajo, y también por aquellos a los que no se les han renovado los contratos. Si bien entendemos que dichos contratos han vencido, se trata de familias y vecinos de nuestra ciudad que intempestivamente se han quedado sin trabajo”, concluye el comunicado.