Sergio Torres el nuevo miembro de la Suprema Corte bonaerense jurará en su cargo el 29 de mayo de acuerdo a una decisión por mayoría que tomaron los actuales miembros del tribunal, en medio de fuertes controversias políticas.

Cuatro ministros de la Corte votaron a favor de la jura de Torres mientras que el presidente del tribunal, Eduardo de Lázzari, y Eduardo Pettigiani, votaron en disidencia; pidieron frenar la jura hasta que sean dilucidadas las dudas que aparecieron.

Torres, cuyo pliego había sido aprobado por el Senado por unanimidad, había quedado en el centro de la polémica por el domicilio que había declarado, en línea con los requisitos para su postulación por parte de María Eugenia Vidal.

Según el artículo 181 de la Constitución bonaerense, para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia. 

De Lázzari había abierto un expediente interno, en el que tuvo en cuenta una denuncia presentada por el exjuez Luis Arias y, a su vez, también, una impugnación del Colegio de Abogados de La Plata. Todo se dio, además en medio de un tironeo entre la Corte y el gobierno bonaerense por los fondos presupuestarios para las obras en marcha.

A su vez, la definición se aceleró con la firma del dictamen por parte del procurador Julio Conte Grand. El actual jefe de los fiscales, quien estuvo rodeado de la misma polémica, antes de asumir, detalló que no hay impedimento para frenar la jura.

Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Esteban Genoud, e Hilda Kogan votaron este lunes la aprobación de la jura.

"Avanzado el siglo XXI, la valoración del artículo 181 del ordenamiento constitucional, cuyo texto proviene de la Constitución de 1934, puede integrarse con una mirada contemporánea que atienda al fenómeno de la habitabilidad, la interacción y la movilidad de las personas, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires, en función de los avances tecnológicos y en las comunicaciones habidos. Una inteligencia de esa índole pareciera haber guiado el alcance otorgado por los órganos decisores a semejante exigencia", valoraron la mayoría de los  ministros.

Por su parte, de Lázzari se opuso y con fundamentos muy fuertes. "Está en juego la supremacía de la Constitución. Está en juego la regular integración, el prestigio y el funcionamiento del más alto Tribunal en la estructura del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la legalidad de sus futuros actos. Está en juego la independencia del Poder Judicial, tantas veces declamada y otras tantas depreciada. Está en juego la calidad misma de la vida democrática. En semejante escenario no cabe la irreflexión ni la torpeza. No estoy dispuesto a mirar hacia el costado, hacer oídos sordos e ignorar circunstancias graves y precisas que obligan a profundizar el análisis", apuntó.