La iniciativa lleva la firma de   los integrantes del bloque, Lourdes Zaccardi y José Miguel Ferro. En la misma se expresa que, visto “que el nuevo cuadro tarifario que rige en Provincia de Buenos Aires, establecido por el Gobierno Nacional y llevado adelante por las distribuidoras que operan en la provincia, tiene por objetivo readecuar los valores de producción y distribución de energías, subsidiados y congelados por más de diez años que generó el atraso y las dificultades financieras que por décadas vivieron las cooperativas de la región”.

En los considerandos del proyecto se expuso “que es innegable que después de años de desinversión en la generación y transporte de energía eléctrica por la falta de adecuación de las tarifas por muchos años, de alguna forma se debía encauzar un sendero de sinceramiento tarifario, con la finalidad que el Estado gradualmente vaya eliminando el subsidio sobre la misma”.

Asimismo se enfatizó “que el gobierno decidió eliminar los subsidios gradualmente pero el gran atraso, generó un impacto muy fuerte en las economías familiares de los vecinos, los comercios y entidades de bien público. La implementación de la tarifa social fue el instrumento para paliar y contribuir con las familias de menores ingresos a sostener el pago del servicio”.

Por otro lado se destacó la importancia, que según lo expresan las entidades que agrupan a las cooperativas de la provincia, de haber continuado los niveles de subsidio, “los servicios se iban a resentir llegando a niveles que pondrían en riesgo el abastecimiento en forma eficiente a la comunidad”.

“Que al esfuerzo de los vecinos que diariamente ponen su trabajo por el bien de la comunidad, debemos ser sinceros y sensatos en el desarrollo y exposición de la información. Contribuir en la búsqueda de soluciones concretas para los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan la presencia efectiva del estado” se estableció en otro de los puntos del proyecto.

También se puntualizó: “La readecuación del cuadro tarifario llevado adelante por la provincia, sigue marcando y atenuando la gran diferencia entre los valores de distribución entre el interior y centro de la provincia. Costos que aún siguen sin modificarse generando a los consumidores del interior una gran carga porcentual de los servicios sobre sus ingresos mensuales”.

“Que la diferencia manifestada anteriormente de la diferencia entre los cuadros tarifarios entre el interior y las ciudades del centro de la provincia se suma la existencia de leyes provinciales que cargan aún más los valores finales de los servicios de los vecinos” se aclaró.

Cabe señalar que en el artículo 2 se requirió al Congreso de la Nación la eximición del cobro del IVA a todos los usuarios con tarifa social, y una quita de la alícuota de ese impuesto a las tarifas que pagan usuarios residenciales, PYMES y entidades con fines sociales.

De igual manera se solicitó al gobierno provincial se amplíe el tope de la tarifa social de 150 a 220 kwh; también a los legisladores provinciales revean la vigencia de las leyes provinciales en las facturas de los servicios, que incrementan los valores que deben abonar los vecinos y  al Departamento Ejecutivo eliminar los impuestos Municipales cobrados en la Boleta de la Luz, a todos los usuarios que perciben la tarifa social.