En la sesión de este jueves en el Senado de la provincia de Buenos Aires, se avanzó en la modificación del Código Penal para dotar de mayores herramientas a la Justicia a la hora de avanzar sobre terrenos y viviendas usurpadas.

El debate surgió luego de los incidentes en el predio de Guernica e impulsado por el platense Juan Pablo Allan y el chivilcoyano Leandro Blanco.

Desde allí, y el bloque de Juntos por el Cambio trabajó en avanzar sobre la problemática y logró los consensos con el oficialismo para votar por unanimidad la iniciativa de Blanco y Allan.

En definitiva, y ante la necesidad de corregir la lentitud de los mecanismos procesales y evitar que las usurpaciones se consoliden, se presentó la iniciativa que propone modificar el artículo 231 del Código Procesal Penal.

Por medio de esta iniciativa los legisladores buscan dar una señal clara a la Justicia y al Gobierno provincial en aras de proteger el derecho de propiedad, y desalentar a su vez que este delito siga en crecimiento, en una provincia que sufrió usurpaciones de 4.300 hectáreas solamente entre los meses de julio y agosto.

El chivilcoyano Leandro Blanco, autor del proyecto manifestó: “Buscamos otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles.

"Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe. Reconocemos que hay un problema habitacional pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”, subrayó Blanco.

Además agregó: “Asimismo, en muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos cercenados por las usurpaciones”.

“Es imposible pensar en una convivencia democrática en paz sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”, cerró Blanco.

A través de esta modificación, el fiscal, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez la restitución del inmueble y esto deberá resolver la restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, en un plazo de 72 horas