El 2019 será otro año de reducción de la producción, caída del salario real, dificultad para pagar los aumentos producto de la inflación, pérdida de puestos de trabajo y cierre de pymes. De los cuatro años del gobierno de Cambiemos, tres serán de deterioro de calidad de vida, sólo comparable a lo vivido entre 1998 y 2001, con el desenlace que es por todos conocido.

Lo único que contuvo la dramática crisis social es la supervivencia de los programas de transferencia existentes antes de la llegada de este gobierno, como la AUH, la universalización de la jubilación, o los programas para frenar los despidos. Cuando hablamos de presupuesto, nos referimos a cómo financiar estas políticas, junto a la educación, la salud y la seguridad.

El gobierno de Vidal, con el presupuesto presentado, renunció a hacerse cargo de las consecuencias que sus propias políticas traen a la población. Renunció primero cuando acepta que el Fondo del Conurbano no se actualizará en el 2019, dejando de recibir fondos por 35 mil millones de pesos -prácticamente el déficit fiscal que se espera para este año-.

Renunció una segunda vez cuando obliga a los municipios a asumir el mayor gasto que significa haber eliminado desde el gobierno nacional los subsidios a las tarifas de transporte, agua, electricidad y residuos, a sabiendas que la gente no puede pagar los aumentos y los municipios no tienen los recursos financieros para suplir la falta de una política de ingresos.

Renunció una tercera vez al desentenderse de invertir en la infraestructura de nuestras escuelas y hospitales, nuevamente trasladando la obligación a los municipios, y al fijar aumentos salariales para los maestros y médicos por debajo de la inflación.

Y renunció por cuarta vez al solicitar una autorización de endeudamiento que supera los 100 mil millones de pesos. Sí, ese es el verdadero déficit medido por el aumento de la deuda total. La deuda se toma para financiar en su mayoría el pago de intereses crecientes producto de su propio endeudamiento de los últimos años, que sólo se puede pagar si se profundiza el ajuste en los demás gastos del estado, eliminando casi en su totalidad la inversión pública. 

Este panorama desolador representa el fracaso de las políticas del gobierno de Cambiemos. Así como el Fondo Monetario Internacional fue quien escribió el presupuesto nacional, nadie que tenga la obligación de defender los intereses de los bonaerenses y su bienestar puede haber confeccionado el presupuesto que se llevó a la Cámara, si no es por la decisión de alinearse con el gobierno nacional para que la Provincia absorba la mayor parte del ajuste.