El diputado oriundo de Carlos Tejedor presentó un proyecto de ley, ya conversado con productores. Plantea obligaciones para el Estado y para tenedores de tierra. Crea una Mesa Provincial y un Registro de Suelos.
El diputado Oscar Sánchez (Cambiemos) presentó un proyecto para declarar de interés público la promoción y regulación del uso y la conservación de los sueldos destinados a fines agropecuarios y la sustentabilidad de los sistemas productivos.
La iniciativa, que ya fue conversada con productos agropecuarios, fija que todas las personas humanas y jurídicas tienen la obligación de colaborar con el Estado en la conservación, el uso y el manejo adecuado de los suelos, de acuerdo al escrito al que tuvo acceso Cuestión Política.
Entre los principios generales del proyecto se establece que toda práctica agropecuaria deberá mantener "o aumentar la productividad de los suelos y proveer servicios ecosistémicos esenciales y evita ser utilizado de forma que exceda su capacidad de uso". A su vez, se deberá evitar la erosión y la degradación de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo. También se fija la necesidad de establecer políticas de Estado y planes a mediano y largo plazo entre la Provincia y los municipios.
La Autoridad de Aplicación de la norma será el órgano competente designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia. La Autoridad deberá, entre otras acciones, encarar un programa provincial de recopilación de información científica, investigación, promoción en materia de uso, manejo y conservación de suelos, así como trabajar acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Creará un Registro de Suelos sin conservación y/o degradados y conducirá al mismo tiempo la Mesa Provincial de Conservación de Suelos además de alentar sus equivalentes en los municipios, quienes deberán aprobar los planes de uso del suelo en cada distrito.
La Mesa Provincial estará integrada por profesionales de ingeniería agropecuaria, representantes del gobierno provincial y de las entidades agropecuarias y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuarias, entre otras entidades. Su función es participar del control y evaluación de la ley de conservación y manejo de suelos, así como realizar recomendaciones técnicas.
El sostén económico del proyecto de ley está dado por la creación de un Fondo Provincial de Conservación y Manejo de Suelos. Se constituirá por una contribución adicional específica del 20% sobre el impuesto inmobiliario rural y el producido de las multas aplicadas en virtud de este marco normativo.
Los productores agropecuarios y los tenedores de tierras son los sujetos responsables de la norma. Están obligados a presentar un plan de uso y manejo del suelo, suscripto por un ingeniero agrónomo, controlar el escurrimiento superficial de las aguas y minimizar el laboreo de las tierras.
A los productores se les solicita rotaciones de cultivos y pasturas, siembre directa, sistemas de labranza conservacionista, manejos de residuos en superficie y sistemas de pastoreo que protejan al suelo y el recurso forrajero. Los productores además tendrán acceso a beneficios impositivos y facilidades de acceso al crédito como estímulo para su actividad.



