La Justicia le dio el visto bueno al municipio de Pehuajó para poder cobrar la Tasa Vial, medida que había sido creada para financiar obras de infraestructura vial, mantenimiento de calles y mejoras ambientales dentro del partido. 

Los concejales de la oposición, nuecleados en  Juntos por la Libertad habían impulsado una medida cautelar para evitar el cobro de la tesa, siguiendo la línea discursiva del presidente Javier Milei al respecto.

Ahora quedó firme la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, quien rechazó la cautelar y ratificó la vigencia plena de la normativa impulsada por el Municipio.

El abogado del Muicipio que comanda Pablo Zurro, Ricardo Passo, dijo a OesteBA que el fallo "confirma lo que venimos sosteniendo desde el inicio: que la Tasa Vial y Ambiental está correctamente fundada desde el punto de vista legal y cumple con todos los requisitos formales y sustanciales exigidos por la normativa provincial".

La Justicia dijo que no existía verosimilitud del derecho invocado, ni peligro en la demora que justificara suspender una ordenanza aprobada conforme lo lineamentos establecidos por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

"Es una reivindicación al trabajo llevado adelante y al principio de autonomía municipal, que hoy tiene raigambre constitucional, y a pesar de ello se encuentra bastardeado, sobre todo por aquellos que reniegan del sistema federal de gobierno", planteó Passo.

En esa línea, sentenció que "la autonomía municipal no se declama, se ejerce" y subrayó que este caso "demuestra que los municipios no solo pueden, sino que deben buscar herramientas propias para sostener los servicios que prestan".

"No hay verdadera autonomía sin recursos. Esta tasa es un ejemplo de cómo un gobierno local, ante la retracción de aportes nacionales y provinciales, diseña un mecanismo de financiamiento legítimo y transparente. Tasa que, además, han implementado municipios gobernados por funcionarios que pertenecen a distintos signos políticos", dijo.

Finalmente, sostuvo que el Municipio "actuó con responsabilidad, dentro del marco de la ley, y pensando en el bien común. Y que la Justicia, con independencia, ratificó esa legalidad".