La UFI 1 de Cañuelas, a cargo del fiscal Lisandro Damonte, pidió la apertura de una investigación penal contra la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, para investigar el incumplimiento de los deberes del funcionario público. 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había solicitado que se avance con esta denuncia y, desde el primer momento, sostuvo la necesidad de investigar la responsabilidad de Mayol en la masacre de Monte y su participación en los hechos posteriores a la persecución policial que terminó con la vida de cuatro jóvenes y otra adolescente con lesiones graves. 

Este pedido también fue realizado por las familias de las víctimas que, a pesar de las interpelaciones públicas a la intendenta, nunca obtuvieron una respuesta acorde al dolor que sufrieron.

La causa por la masacre de Monte tiene 13 imputados: cuatro policías bonaerenses por homicidio y otros ocho por encubrimiento, el ex secretario municipal de San Miguel Monte también está acusado por encubrimiento e incumplimiento de deberes del funcionario público. A casi cuatro meses del hecho, y a partir de las pruebas que forman parte de la instrucción judicial, la UFI 1 de Cañuelas pidió formar una causa por separado contra la intendenta Sandra Mayol y Nelson Julio Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal, por el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público.

En la madrugada del 20 de mayo pasado, dos patrulleros de la Estación Comunal de San Miguel del Monte persiguieron al Fiat Spazio en el que se trasladaban cinco jóvenes de entre 13 y 22 años hasta que el vehículo impactó contra un acoplado detenido al costado de la colectora 9 de Julio. Danilo de 13 años, Camila de 13, Gonzalo de 14 y Aníbal de 22 murieron tras el choque; la única sobreviviente, Rocío, tiene 13 años y todavía se recupera de las graves lesiones.

A lo largo de la instrucción fiscal, se evidenció que los policías persiguieron y dispararon hacia el vehículo en distintas oportunidades, y uno de esos disparos dio en el cuerpo de uno de los adolescentes. También se pudo determinar que se desplegó una extensa actividad para encubrir lo ocurrido e instalar la idea de un accidente. Cuando no pudo negarse la persecución, se falsearon testimonios y otras pruebas para ocultar los disparos policiales.

Desde el primer momento, y en base a las pruebas aportadas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sostuvo que la trama de encubrimiento que se desplegó en las horas posteriores a la masacre no pudo haberse realizado sin el conocimiento e, incluso, la anuencia de la intendenta Mayol. En calidad de patrocinante de dos de las familias de las víctimas, la CPM había pedido que se investigue penalmente a la jefa municipal; pedido que también fue realizado fue por los demás particulares damnificados.

En su reciente resolución, el fiscal Lisandro Damonte retomó este reclamo y expresó la necesidad de investigar la intervención, relacionada con su función pública, de Mayol y Barrios en los momentos posteriores a la masacre. Es decir, si conocían o fueron parte de las acciones corporativas de encubrimiento que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial en el hecho.

La decisión del fiscal también es un reconocimiento a la lucha de las familias de las víctimas que, a pesar de haber impulsado la interpelación pública a la intendenta, nunca tuvieron de la jefa municipal una respuesta que repare los graves padecimientos ocasionados por el accionar policial, producto de las políticas de seguridad sostenidas por Mayol.