Desde el peronismo local emitieron un fuerte texto, a través del cual cuestionan el proceso que se lleva adelante contra el ex intendente de Lincoln. Consideran que se trata de “una salvaje persecución política, la cual sigue sin arrojar resultados”.

El viernes se cumplieron dos años de la detención del ex intendente de Lincoln Jorge Fernández y de los ex funcionarios Marcelo Porto y Walter Fernández, en una causa que todavía no ha sido elevada a juicio. Ante esto, desde el Partido Justicialista de Lincoln extendieron un duro comunicado bajo el título “Dos años de una salvaje persecución política que sigue sin arrojar resultados”, en el que cuestionan el proceso llevado a cabo por la Justicia a lo largo de todo este tiempo.

La declaración del Partido Justicialista recuerda que “se cumplieron exactamente dos años de la privación ilegítima de la libertad del presidente del Partido Justicialista de Lincoln, Jorge Abel Fernández (ex intendente por tres mandatos consecutivos de 2003 a 2015”), y que, “al momento, y en contra de lo que dicta la Ley Nº 25.430 en su primer artículo (‘la prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia’), no hay una resolución clara por parte de la Justicia”.

En ese sentido, el texto plantea: “¿Por qué hablamos de una persecución política? Porque dichos denunciantes -el bloque de diputados del GEN de la provincia de Buenos Aires- presentaron un Jury ante el Consejo de la Magistratura contra la fiscal Ermácora y el fiscal General Mastrorilli, quienes investigaron una denuncia del año 2006 al 2008, la cual se desestimó y se procedió a su archivo, dictándose, posteriormente, el sobreseimiento respecto de dichos períodos”.

“Copiando la misma denuncia, el actual intendente y el bloque de concejales de ‘Cambiemos’ accionan nuevamente ante el Departamento Judicial de Junín, en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del doctor Ochoaizpuro, que, arbitraria y obstinadamente, buscó probar lo que no encuentra. Para ello convierten un expediente especial del Tribunal de Cuentas de treinta y seis órdenes de pago por un total de $820.000 -con supuestas anormalidades entre Razón Social y número de CUIT- en una causa penal. Por lo que es el único funcionario detenido injustamente de la provincia de Buenos Aires, por prevención de un supuesto entorpecimiento de causa y peligro de fuga, cuando siempre estuvo a disposición de la Justicia”, agrega.

En el final establece una serie de cuestionamientos: “¿Hay manera de resarcir el daño que le produjeron tanto a él como a su familia? ¿Quién puede devolverle estos dos años de vida que le robaron por el capricho de una ex gobernadora y sus funcionarios políticos y judiciales, que intentaron ejemplificar a través del miedo? Causa que se cobró la vida de un imputado”.

“Cabe aclarar que estamos totalmente en desacuerdo con la privación de la libertad de cualquier persona sin sentencia previa, sea cual fuere su color político”, concluye el texto.