El edil juninense de Concertación Plural, Marcelo García, presentó un proyecto de comunicación para dirigir una solicitud al fiscal de turno y al fiscal general, Juan Manuel Mastrorilli, para que se inicie una Investigación Penal Preparatoria. Es a raíz de las denuncias que las actuales autoridades de Servicio Grupo Junín realizaron en base a informes parciales de una auditoría llevada adelante en la empresa sobre irregularidades financieras durante los tiempos donde el ex intendente de Junín, Mario Meoni, estaba a cargo de la gestión municipal. El 90% de las acciones del Grupo Junín SA pertenecen al municipio.
El concejal de Concertación Plural, Marcelo García, presentó un Proyecto de Comunicación que busca aceitar la intromisión de la Justicia sobre la causa que -tras el alejamiento del ex intendente Mario Meoni- denuncia irregularidades financieras durante su gestión.
García insta - mediante una solicitud- al fiscal de turno y al fiscal general, Juan Manuel Mastrorilli, para que se inicie una IPP (Investigación Penal Preparatoria) en base a las denuncias que las actuales autoridades de la empresa Servicio Grupo Junín hicieron sobre desprolijidades administrativas.
Las mismas están basadas en el resultado parcial de una auditoría que se lleva a cabo en la empresa y que -a priori- arrojó como resultado irregularidades en todas las áreas, un enorme gasto injustificado en determinados rubros y una deuda millonaria.
Lo complicado para Meoni es que se sospecha que Grupo Junín S.A. fue su caja política debido a que dichas irregularidades están situadas en tiempos donde se celebró la campaña política del 2015.
Cabe señalar que la iniciativa de García cuenta con el aval de la mayoría de los bloques por lo que automáticamente se transforma en un elemento de presión para que el actual intendente de Junín, Pablo Petrecca (Cambiemos) manifieste su voluntad de apoyar la causa.
El hecho de que el municipio de Junín sea el mayor accionista con el 90% del capital accionario de la empresa, convierte al ex intendente Mario Meoni en blanco directo de la investigación. Según pudo trascender, la deuda superaría los $ 6 millones y con cheques por $7 millones más, librados en diciembre pasado.
“Todos estemos tras la búsqueda de la verdad de los fondos que son administrados por Grupo Junín pero que son de origen público”, remarcó García al diario La Verdad.
Si bien el propio edil reconoció que la auditoría aun no está cerrada, consideró que -de todos modos- "estarían dados los elementos para poder iniciarse dicha causa" ya que es necesario "avanzar con la investigación”.
