Con un proyecto de Blanco, el Gobierno avanza contra la corrupción de los privados

Este miércoles se presentó el proyecto del senador oriundo de Chivilcoy. Importante apoyo de funcionarios y legisladores del oficialismo.

Una de los principales ejes en la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal es la reforma judicial. Así lo marcaron desde la asunción del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, en junio de 2016, punto en el que se avanzó en una serie de reformas judiciales con el objetivo de acercar el sistema a la víctima y dotar de transparencia y celeridad.

Por caso, en los últimos días y por primera vez en su historia, se estableció el orden de mérito para la selección de jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores tutelares en el ámbito de la Provincia.

Claro está, el orden de mérito establece que para formar las ternas de candidatos, que luego son elevadas a la gobernadora para que elija uno para el cargo de magistrado, el Consejo de la Magistratura debe priorizar a los que hayan quedado mejores posicionados.

En ese sentido, y con el fin de avanzar en la reforma de la Justicia, este miércoles se presentó un proyecto de Ley para avanzar en el Juzgamiento de Personas Jurídicas Privadas. El mismo tiene como objetivo crear un ámbito de penalización a nivel provincial, en línea con la legislación nacional.

El proyecto que lleva la firma del senador bonaerense por la Cuarta sección electoral, Leandro Blanco, fue apuntalado por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y el vicegobernador Daniel Salvador.

La normativa que busca contar con el apoyo de la Legislatura se encuentra en consonancia con la política que tiende a refundar la administración de justicia provincial teniendo como pilares básicos a la transparencia e igualdad para todos los bonaerenses.

“La corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho”, señalaron desde el Gobierno y aseveraron que el combate contra la misma “es uno de los ejes fundamentales de afianzamiento de la administración pública”. Así, la Ley apuesta a “comprobar judicialmente la eventual participación de la empresa en el hecho”.

De esa manera, explicaron que “la falta de regulación sobre dicha cuestión ha dejado ciertos aspectos procesales en manos del Juez, lo que supone que la persona jurídica ingresa al proceso con incertidumbre. Es un hecho que los delitos efectuados a través de una estructura societaria confieren a los autores posibilidades de desvincularse del hecho y obstaculizar la investigación”.

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