Las esquirlas por el tratamiento de la Rendición de Cuentas del municipio de Bragado aún continúan. Ahora, desde la oposición piden que el Tribunal de Cuentas analice minuciosamente un presunto desvío de fondos desde el área de Producción hacia la cartera de Desarrollo Social, que conduce la hija del jefe comunal.

El presidente del bloque de Unidad Ciudadana–PJ, Germán Marini, cuestionó la utilización de unos 30 millones de pesos del fondo Promuil, que había gestionado la exsecretaria de Producción, Leticia Calderón, para la generación de puestos de trabajo. Si bien no se trata de un fondo afectado, la oposición remarca que se requiere de una ordenanza para su uso para ser usado dentro de la Secretaría. Eso no ocurrió, denunció la oposición.

“Nunca llegó al Concejo Deliberante, ni se efectúa ningún tipo de ordenanza. Por lo tanto, esos fondos quedan en rentas generales y el intendente de Bragado hace un desvío de 11 millones que eran de Producción a la Secretaría de Desarrollo Social, que está a cargo de su hija Natalia Gatica”, explicó Marini a Grupo La Provincia.

El titular del bloque opositor hizo hincapié en que se está trabajado en una presentación, además en los fondos que había usado previamente la misma Secretaría de Producción, una suma de alrededor de tres millones de pesos.

“El Tribunal de Cuentas va a investigar también  en los 3 millones de estos 14 que fueron utilizados por la Secretaría de Producción sin ordenanza. Con lo cual ahí queda implicada de manera directa la Secretaria o quien los haya usado”, dijo y agregó: “No se hizo la ordenanza para el origen de esos 3 millones de pesos, los utilizó la Secretaria de Producción, en teoría, pero no está en claro el fin en donde fueron usados”.

Por otro lado, los 11 millones que pasaron de Producción a Desarrollo Social "son rendidos como ayuda directa a indigentes, asistencia directa a personas, sumado a otros 20 millones que ya tenía la Secretaría Desarrollo Social".

Marini es tajante en este punto: "En Bragado en 2018 se distribuyeron más de 30.000.000 pesos en ayuda directa a indigentes y a personas, el número es desproporcionado, ilógico en una ciudad de 40.000 habitantes y para los marcos estadísticos de personas con necesidades básicas insatisfechas”.