El Gobierno de Junín giró dos proyectos de ordenanza al Concejo Deliberante que apuntan a dar un auxilio a los vecinos que enfrentan deudas de alto nivel y que tienen a sus economías en jaque.

En concreto, las iniciativas promueven mecanismos de acompañamiento, conciliación y reestructuración de deudas para aquellos vecinos del distrito que están en situación de vulnerabilidad.

Según informó Democracia, con esto los municipios buscan "legitimar e intensificar" su intervención en aquellos escenarios críticos donde los vecinos se ven imposibilitados de cumplir con sus obligaciones financieras acumuladas sin poner en riesgo su subsistencia.

El sobreendeudamiento se volvió un problema que afecta a unos 11 millones de personas a nivel nacional, la mayoría de ellos en la provincia de Buenos Aires, pero que no responde de forma exclusiva a un consumo excesivo, sino a la necesidad de financiar gastos básicos urgentes como alimentación, medicamentos, educación, vivienda o servicios públicos a través de la toma de préstamos.

DE QUÉ SE TRATAN LOS PROYECTOS

Uno de los proyectos señala que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) diseñará un procedimiento especial ante estos casos. Así, una vez formalizado el reclamo y presentada la documentación, la OMIC dispondrá de un plazo perentorio de 72 horas para analizar exhaustivamente el caso e impulsar formalmente el trámite de reestructuración de las deudas.

Al momento de buscar acuerdos y suscribir los planes de pago con las firmas acreedoras, el organismo municipal deberá auditar los ingresos reales de los consumidores, su capacidad de pago efectiva, el origen del pasivo, el nivel de educación financiera del afectado y si el crédito original fue otorgado bajo los principios generales de responsabilidad y buena fe. Asimismo, se fijará un criterio de prioridad absoluta para deudas ligadas a derechos como alimentación, salud, educación y vivienda. Además, la propuesta incluye un programa de educación financiera.

La otra propuesta de ordenanza está destinada a sectores más afectados como ancianos o niños; poersonas con discapacidad, vulnerabilidad socioeconómica o de género ente otras que se topan con barreras para acceder al mercado de consumo.

Para ellos, la OMIC implementará un trato preferente y canales administrativos expeditivos, asumiendo facultades para actuar e iniciar reclamos de oficio ante los proveedores. En el caso de los menores de edad, se r.esguarda el interés superior del niño, permitiendo la actuación autónoma de adolescentes de entre 13 y 17 años