A más de dos meses de la presentación del proyecto de ordenanza a favor de la agroecología archivado y caratulado bajo el N° 141 letra “o”, el Concejo Deliberante posterga el tratamiento dando un plazo de un año, ya no de dos meses como se nos había informado a la hora de ser entregado. Es decir, recién el 2 de junio del 2018 se podría efectuar un reclamo. Desde la oficina del Concejo Deliberante se informó que esta demora se extenderá hasta pasado octubre a raíz de las elecciones y de las campañas electorales.

A diferencia del oficialismo y de los demás partidos, sabemos que es de vital importancia tratar temas vinculados al medioambiente y al modelo productivo de nuestra región. Retomando lo que hace unos días dijo el intendente Guillermo Britos respecto a nuestras propuestas, también en este punto tenemos algo para proponerle: ¿Por qué no pensar en la Agroecología? ¿Por qué no tener en cuenta nuestros proyectos de ordenanzas? ¿Por qué postergar las demandas que incluso se están llevando por vías institucionales?

El objetivo de este proyecto dentro de nuestra región es impulsar una alternativa a un modelo que tiene un claro déficit energético, ambiental, económico y social. Para esto se propone la creación de un Consejo Asesor Municipal Agroecológico integrado por el Municipio, el INTA y productores para crear un registro municipal de productores agroecológicos, redactar protocolos para diferentes producciones e integrar a instituciones educativas y consumidores responsables. También, la creación de la Dirección de Agroecología Municipal para la ejecución de la ordenanza con un sistema de certificado participativo dando certificación y sello de origen a los productos.

Este proyecto está enmarcado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde se establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo”. Desde esta legislación se desprende el artículo 28 de la Constitución Provincial y varias leyes nacionales y provinciales.

Teniendo en cuenta que no hay una regulación de zonas de fumigación y que los proyectos que se presentan en esta materia son cajoneados más allá de que se presente dentro de una Campaña Nacional del Encuentro Socio Ambiental de la Pcia. de Buenos Aires (ESABA) para exigir que se respeten nuestros derechos ambientales, esta gestión dice no.

Entendemos que la seguridad no se limita a la prevención de delitos, también incluye la seguridad ambiental, es decir, gozar de un ambiente sano, no solo para nuestras generaciones sino también para las que vendrán.