Tras el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al represor Luis Muiña con el 2 por 1, y a la espera de la multitudinaria marcha que se realizará para repudiar esa decisión, el intendente kirchnerista elevó a los concejales una ordenanza para que se declare “persona no grata” en el municipio a aquellos genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.

En ese marco, el proyecto afirma en los fundamentos que con el fallo de la Corte, los integrantes del máximo tribunal judicial del país “ignoran la lucha de más de 40 años de los organismos de Derechos Humanos y de gran parte de la sociedad argentina”. Además, se instruye al departamento Ejecutivo “a que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para disuadir la presencia de genocidas en el distrito”.