Establecer incompatibilidades como las incorporadas en la última modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades significa excluir a una porción importante de la ciudadanía de esta función y transformarlo en un privilegio para que únicamente puedan ser concejales  aquéllos “vecinos” que tengan una actividad por cuenta propia y que puedan de algún modo prescindir de la necesidad de una remuneración y/o compensación económica para abocarse en forma (casi) exclusiva para  estar atentos a las necesidades de sus representados y ante la responsabilidad  que demanda integrar un cuerpo colegiado en el que se proponen, debaten y resuelven, los temas más fundamentales para una comunidad.

¿Qué ocurre con los empleados públicos de organismos nacionales y provinciales con a siento en los municipios, con los docentes y con tantos otros trabajadores que en algún momento de su vida encuentran una vocación colectiva que los impulsa a tomar la responsabilidad de proponerse como representantes del pueblo? ¿Una ley les impide ser elegidos por su propia comunidad? ¿Cuál es el sustento de esta limitación, suponen algunos que el interés al asumir esa carga pública tiene únicamente un propósito personal?

La historia del desarrollo democrático es la historia de la ampliación de derechos a sectores cada vez más amplios, es la historia de Irigoyen y de Perón, de Evita, del acceso de los trabajadores a la toma de decisiones públicas, por lo que la última modificación constituye un retroceso que intentamos remediar, ampliar derechos quiere decir incluir más, abrir alternativas y posibilidades también en los espacios en los que se toman las decisiones más importantes buscando que muchos más puedan acceder, en este caso a la posibilidad de representar a los diferentes sectores de la sociedad, no solamente a los trabajadores, también a los desocupados, a las amas de casa, a los excluidos y a los representantes de organizaciones intermedias, dirigentes barriales, sindicales.

En este sentido es prioritario señalar que las incompatibilidades excluyen, limitan la participación y, lejos de integrar, fragmentan, dividen a la comunidad entre aquellos que pueden y aquellos que no pueden ser electos y reelectos para oficiar de representantes en los concejos deliberantes.

Además limitan la posibilidad de los electores de volver a elegir a sus representantes por considerar que su desempeño como concejales ha sido lo suficientemente meritorio como para  continuar en el cargo o porque su tarea legislativa no ha concluido y en este sentido la expectativa de seguir trabajando por el bien de su comunidad requiere de más tiempo.

Por esto presentamos un proyecto de ley que busca corregir la última modificación que se aplicó a la Ley Orgánica de las Municipalidades que creó nuevas incompatibilidades para el cargo de concejal.

El objetivo es restablecer también la compensación no remunerativa que fue suprimida en la última modificación, porque consideramos que hay derechos adquiridos que no pueden vulnerarse, cientos de concejales fueron electos de acuerdo a condiciones que fueron cambiadas por la última reforma, la ley no es retroactiva entonces no podrían estar alcanzados por dicha modificación; además insisto, desde una mirada conceptual, que definir limitaciones excluye a parte de la comunidad y transforma al concejal en un privilegiado.

En definitiva, el proyecto tiene como objeto volver al texto  anterior de la ley, sin alterar la naturaleza constitucional de la función de los concejales