Cuestión Política

Oscar Sánchez, en reunión con entidades rurales por el Inmobiliario


14 de noviembre de 2018

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Cuestión Política

El legislador de la Cuarta y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Agrarios recibió a representantes de organizaciones agropecuarias. Rechazan la suba del impuesto en torno al 38%. El legislador destaca que es menor a la inflación.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunió este martes con entidades rurales para dialogar acerca de la suba del 38% del impuesto inmobiliario rural, una medida que desde el sector han rechazado.

Oscar Sánchez, legislador de la Cuarta y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Agrarios, es uno de los dirigentes del oficialismo que tiene intervención en el dialogo con las entidades agropecuarias, mientras se desarrolla el debate.

“La gobernadora y el ministro Leonardo Sarquis, han escuchado y considerado al agobio de impuestos que soporta el sector agroindustrial de la provincia de Buenos Aires por lo que ha considerado un aumento de los Impuestos Patrimoniales menor a la inflación y este proyecto reduce impuestos distorsivos como ingresos brutos”, afirmó Sánchez.

El legislador de Carlos Tejedor remarcó que la suba del Inmobiliario del 38% es menor a la inflación proyectada para este año y destacó que la suba será en cuotas y tendrá una incidencia baja. A su vez, quedan exceptuadas superficies menores de 50 hectáreas y/o con una facturación de 4,8 millones de pesos; beneficiando a los pequeños productores

 “Hay buenas perspectivas en cosechas, recuperación y estabilidad en la ganadería”, destacó el diputado Sánchez, luego de la reunión con miembros de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

El legislador destacó, asimismo, que la suba del impuesto inmobiliario rural no incrementa la valuación y/o el valor de la tierra e implica para la mitad de los productores un aumento promedio de entre 63 a 99 pesos por mes.

El presupuesto enviado a la Legislatura por la gobernadora María Eugenia Vidal prevé gastos por 929 mil millones de pesos, un pedido de endeudamiento por 68.500 millones de pesos a organismos de crédito.

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