Distintas voces manifestaron su postura sobre despenalización del aborto en el comienzo de la audiencia pública en el Senado.

La ronda de exposiciones comenzó con la ex directora del Consejo de la Mujer María Lucila Colombo, que consideró que el aborto "no es un derecho de las mujeres", pero que "las mujeres no deben ser penalizadas" por recurrir a esa práctica y que "el voto de rechazo no da ninguna respuesta a la realidad que vivimos".

También le apuntó al ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, al afirmar que "sostiene que hay que legalizar el aborto, pero en las salitas no se encuentran preservativos ni anticonceptivos y se desmantelan los programas de salud".

Por su parte, el rabino Fernando Szlajen afirmó que "el estatus de persona es jurídico no científico", pero que la legalización "no es la solución al aborto clandestino", al tiempo que lo comparó con "la eutanasia".

El abogado Manuel García Mansilla afirmó: "El derecho a la vida está reconocido en normas de máxima jerarquía. El aborto es un delito con algunas causales de no punibilidad. Pretenden garantizarlo como si fuera un derecho, pero ese supuesto derecho no existe".

A su turno, el urólogo Fernando Secin también se expresó en contra y afirmó: "Los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro en la salud pública y expresamos un rechazo absoluto a este proyecto de ley".

En su exposición el doctor Pedro Cahn, Director médico de la Fundación Huésped  se mostró a favor de la iniciativa y recalcó: "Mirar para otro lado una problemático que existió, existe y existirá como es la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo no deseado es claramente ser parte del problema. 25 millones de abortos clandestinos en el mundo, según la OMS cada año, es un dato que habla por sí solo. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo queda solo una vida por proteger, la de la mujer. La diferencia es si lo hará en forma segura o si la condenamos, por pobre y excluida, a la muerte".

"Una de las críticas que se le hacen al proyecto con media sanción es que se podría usar al aborto como método anticonceptivo. Además de esconder u profundo desprecio por las mujeres, esta afirmación es falaz. Cuando el aborto sea ley, las mujeres no solo accederán a una practica más segura y cubierta por el sistema de salud. También podrán acceder a métodos anticonceptivos que permitan evitar futuros embarazos no deseados. La opción no es entre educación sexual, métodos anticonceptivos y abortos. Se trata de un paquete de acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos que debemos garantizar como política de acción pública".

De la misma forma se expresó la doctora Patricia Rosemberg, que aclaró: "Hay un número que impacta: desde el regreso de la democracia, murieron 3.030 por hacerse abortos de forma clandestina. Significa llenar diez aviones y derribarlas. Muertes absolutamente evitables. Hay 3.030 mujeres que las matamos por omisión. La mayoría de las que se murieron, fueron pobres."

Al mismo tiempo recalcó: "El 90% de las interrupciones voluntarias hasta la semana 14 son pausibles de realizarlas de forma ambulatoria. Todo esto que escuchamos de los costos de internación que deberían afrontar las provincias, las obras sociales, el Estado, es una falacia. Esos costos de internación ya los afrontan ahora porque atienden las complicaciones de los días que esa mujer pasa en terapia intensiva o quiere recuperar su fertilidad".

También se manifestó a favor la licenciaad en Gobierno y relaciones internacionales, Daniela Yozzi, que expresó: "Para nosotras, la libertad nunca ha sido plena. Nuestra capacidad biológica de gestar ha definido nuestra existencia, nuestra razón de ser en el mundo y en la sociedad. Por este motivo, nunca hemos sido sujetos políticos en igualdad de condición con los hombres".

Asimismo añadió: "La decisión del Estado de negar activamente a una mujer su derecho a elegir sobre su cuerpo es un intento violento y antidemocrático de controlar el destino de su vida."

Mientras tanto, legisladores, activistas e integrantes de colectivos feministas y otros colectivos, solicitaron que se fije la fecha de votación del proyecto de aborto legal aprobado en Diputados. Cabe destacar que está previsto que se emita dictamen el 1 de agosto y que el 8 se vote el proyecto en el recinto.